Ideas feministas de Nuestra América

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J.4 Norma Mogrovejo Aquise, “La violación en el Perú. Realidad y tratamiento jurídico”, 1989

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Norma Mogrovejo Aquise,[1] “La violación en el Perú. Realidad y tratamiento jurídico”,[2] 1989

[Texto proporcionado por la autora]

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Afirmar que la violación constituye un feminicidio, no es una exageración. La realidad que este delito muestra y su tratamiento nos reafirman en la tesis planteada.

Aunque en la doctrina jurídica no existe la figura delictual feminicidio, la dura realidad (creadora del derecho consuetudinario, fuente de leyes y doctrinas) obliga a tipificar de este modo a la violación, porque resulta la más extrema de las agresiones dirigidas a las mujeres. Para muchas de ellas, la violación es un crimen contra la libertad, un atentado contra la vida, el cuerpo y la salud, tanto física como mental, y no un delito contra las buenas costumbres, como lo consideran diversas legislaciones.

La violación es el único delito que en su comisión va dirigido casi ex­clusivamente a las mujeres y a los niños, únicos seres disminuidos e infe­riorizados en nuestra sociedad; y de ser dirigido en contra de los hombres, lleva implícita la humillación que nuestro sistema patriarcal encierra, el convertirlo por un momento en mujer (el peor de los insultos para los hombres), hacerle sufrir como mujer, lo que como hombre no podrá ha­cerlo. Convirtiéndose de este modo en un delito de un género en agravio del otro, tomando la calidad específica de un crimen en contra de las mujeres (misoginia) o de feminicidio. Siendo el ser mujer la calidad es­pecífica de ser víctima, el ser hombre lo es para victimario y la socie­dad es quien se encarga de preparar tanto a sus víctimas como a sus vic­timarios.

La división extrema de roles que se asigna a ambos sexos, remarca la desvalorización de toda actividad femenina. Así, la marginación del apa­rato productivo, la subestimación del trabajo doméstico al interior del ámbito privado, la dependencia económica del marido o del padre, han condicionado a la mujer a una serie de dependencias psicológicas, morales y afectivas, que refuerzan su disminución y falta de estima personal. Otros no podían ser los resultados de este modo de socialización, en los que la educación no hace más que alimentar la ubicación accesoria de la mujer en la sociedad y en el mundo productivo.

Objeto de posesión y no sujeto de decisiones, a la mujer se le priva de la facultad de decidir sobre su sexualidad. Su sexualidad le es ajena y la acepta en función de servicio a la humanidad y para quienes dirigen esa sociedad. Da hijos para que la humanidad pueda seguir existiendo y ofrece su sexualidad a las necesidades de su hombre.

Sin embargo, acepta la existencia de las “necesidades sexuales” de los hombres, quienes asumen su “derecho” al uso de la sexualidad de la mujer y la “obligación” de ellas es aceptarlo. Situación ésta, perfectamente evi­denciada dentro del matrimonio, en el que la mujer tiene la obligación de ofrecer sus servicios y sexualidad a cambio de su manutención económica. Figura que se expresa legalmente en el “débito conyugal”. Es así que la violación dentro del matrimonio no existe, es parte de las obligaciones conyugales de la mujer y parte de los derechos del marido, aunque la re­lación sexual se realice prepotentemente y a la fuerza.

Existe igualmente una relación directa entre la violación y la prostitu­ción. El servicio sexual en favor de los hombres.

“Cuando los jóvenes aprenden que las mujeres pueden comprarse por un precio y que los actos sexuales tienen precios establecidos, ¿có­mo no van a sacar entonces la conclusión de que lo que puede comprarse también puede tomarse sin la cortesía implícita en una transacción eco­nómica”.[3]

Por otro lado, al hombre se le reserva también un designio no del todo alentador. Desde muy niño es inducido a separar su respuesta sexual de cualquier sentimiento emocional. Frente a una hembra sexualmente atrac­tiva, no podrá evitar “sentirse fuera de sí”.

La sociedad ha definido a las características sexuales masculinas (poder, dominación, tenacidad para el triunfo, etc.) como normales, des­valorizando en consecuencia los resultados de los condicionamientos femeninos.

En la sociedad patriarcal, todos los hombres han sido condicionados para ser violadores potenciales; la sexualidad del hombre se concibe en términos violadores. De allí que el feminismo afirme que “todo hombre es un violador en potencia”. Como consecuencia de esta socialización, la realidad de la violación como problemática está condicionada a no mos­trarse con la crudeza efectiva de la misma; sin embargo, las cifras que aparecen son ya alarmantes.

Una realidad peruana

La revisión de datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística nos permitió observar la incidencia (sólo hasta 1984) de este delito, en cada una de las instancias que recepcionan las denuncias.

Aunque la mayoría de los casos no son denunciados, las cifras varían y muestran parcialmente la gravedad de un fenómeno social. La primera instancia oficial a la que una mujer acude en caso de violación es la Guardia Civil, donde, al igual que en la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), la segunda institución a la que se recurre en estos casos, las vio­laciones y otras agresiones sexuales quedan registradas como “atenta­dos contra las buenas costumbres” según los prescribe el Código Penal peruano.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la Guardia Civil fueron reportadas 29 912 faltas contra “las buenas costumbres”, y 3 882 delitos contra “las buenas costumbres”, haciendo un total de 33.794 agresiones sexuales denunciadas en 1984. Calculando conservadoramente que sólo una de cada cinco violaciones son reportadas, tendríamos que hay 168 970 agresiones sexuales al año, 462 diarias y 19 por hora.

Tales cifras, sólo son un cálculo conservador, y para 1984.

La violación en el Código Penal peruano está ubicado dentro de los delitos “contra las buenas costumbres”. Esta ubicación reduce al delito a la categoría de un mal hábito social, como podría ser un pleito callejero o un escándalo público. Establecida la violación simplemente como una “mala costumbre”, encierra además una serie de consideraciones que le quitan la calidad de delito y, por otro lado, la minimizan. Es tomada como un ejer­cicio de violencia contra un igual o un asalto como invasión a la integridad corporal y una violación de la autodeterminación, sea donde fuera que se produzca. La violación ejercida contra la mujer, a la que socialmente se le dio el valor de “inferior”, pierde fuerza delictual y el violador se benefi­cia con todos los posibles atenuantes que minimizan el delito.

El Código Penal conceptualiza a la violación como el acceso camal de una mujer fuera del matrimonio, contra su voluntad, por violencia o inti­midación. La preposición “fuera del matrimonio” está presente en casi todos los artículos y tipificaciones, reglamentando el derecho del marido al uso sexual de su mujer. Este sistema de garantía a la Inmunidad de los maridos que fuerzan a sus esposas a una relación sexual es tan antiguo como la frase bíblica que definía a la violación como conocimiento ilegal, interpretando como ilegal a cualquier conocimiento carnal fuera del contrato matrimonial. Así, la idea de procesar al marido resultaba incongruente, porque la ley había sido concebida para proteger los intereses de él, no los de la mujer.

De acuerdo a muchos autores, en esta clase de delitos, el bien jurídicamente protegido es la “honestidad” como estado moral. Pero esta defensa de la honestidad resulta un control de la sexualidad de las mujeres (las únicas consideradas como víctimas en este delito), quienes perderían honestidad al mantener “acceso carnal” fuera del matrimonio, convirtiéndose en mujeres deshonestas. Otros autores la entienden como el “ultraje contra el pudor”, caso en el que la “pudiencia de la ofendida es el valor social ofendido”. Es así que la mujer aparece como medida de valor del pudor social.

Cada una de las consideraciones que el Código Penal establece, resultan una vulneración de los derechos básicos de las mujeres y una suerte de justificación o “socape” a los violadores y, en general, a los varones. La edad de la víctima como factor de atenuante o agravante para la determinación de la pena del delincuente, por ejemplo, así como otras consideraciones, lo comprueban.

El art. 196 explicita como marco fundamental la sanción correspon­diente al delito tipificado, refiriendo como condición sine qua non que la relación entre violador y violada sea fuera del matrimonio.

El Código Penal ofrece dos modalidades para tipificar el delito de violación: la violación propiamente dicha, cuando está presente el uso de la violencia o intimidación, y los casos de incapacidad por minoridad de edad, inconsciencia, sueño, desmayo, embriaguez, uso de ciertas sustan­cias, etc.

En el primer caso, la violencia o intimidación efectiva es la condición indispensable para que el delito sea tipificado como tal, lo que significa que la víctima tendrá que demostrar que la violencia ejercida contra ella fue de tal magnitud que la puso en peligro de muerte; en caso contrario, será identificada como una “violación impropia” o “violación presunta”. (El mismo término resulta inferiorizado).

            En el segundo caso, el Estado se convierte en defensor de la “hones­tidad” de las mujeres. Una menor de edad, aun cuando lo desee y decida, no puede resolver sobre su sexualidad de acuerdo a la ley y, si así lo hiciera, el acto sexual se convertiría en un delito, y ella, en víctima.

El Estado, asimismo, es defensor también de las mujeres que legal­mente no tienen conciencia: enajenadas mentales, en inconciencia o inca­pacidad de resistencia, etc. La ley penal considera como único posible agresor al hombre y como únicas víctimas posibles a las mujeres y a los niños, ambos disminuidos legal y socialmente, en oposición al primero, quien en ningún momento aparece como víctima de estos delitos dirigidos a “inferiores”. Así la ley considera “como único sujeto activo al varón, el que por la conformación de sus órganos genitales puede realizar la pene­tración que requiere el acceso carnal” (Es el órgano sexual lo que le da la calidad de sujeto activo o pasivo). “El sujeto pasivo sólo puede ser una mujer viva”.[4]

De esta manera, la tipificación del delito depende de la configuración de sus elementos: acto sexual ilegítimo con una mujer, violencia física o grave amenaza; falta de consentimiento de la víctima; y voluntad crimi­nal. De tal manera que la agresión sexual de un hombre a otro hombre no es tipificado como delito, ni la agresión sexual que podría darse sin la pe­netración del órgano sexual masculino en el femenino, tal como ocurre con el uso de otros elementos contundentes, especialmente en casos de tortura.

Refiérese también la definición del Código Penal, en el art. 200, al “pudor”, sancionando mínimamente el caso, de 1 mes a 5 años; sin es­tablecer los marcos del pudor, convirtiéndose ésta en una manipulación subjetiva. En la figura de seducción, el art. 201 establece la necesidad de que la víctima sea “una joven de conducta irreprochable, de más de 14 y menos de 18 años”. Pese al carácter subjetivo de la interpretación referida a la “conducta irreprochable”, resulta un factor condicionante para la existencia de la “ilicitud” de la agresión sexual. Así, el comportamiento previo de la víctima, y no el hecho mismo de la violación, es lo que define la existencia del delito o el consentimiento y/o participación de la voluntad de la agredida.

  El art. 204 hace referencia al estupro como otra modalidad delictiva,
remitiéndose a una definición social, “un ultraje al pudor de la sociedad”,
lo que quita importancia y valor a la libertad de la víctima, como sujeto
directo de la agresión.

Violador dona “dote”

El mismo artículo establece como condena para el violador, la retri­bución de una “dote” a la ofendida “si fuera soltera o viuda”, en propor­ción a sus facultades.

La dote significa, así, el precio de la virginidad que presuntamente mantienen o deben mantener las solteras, sin la cual su cotización en el mercado sexual es menor o nula, resultando una forma de protección (control más bien) de la mujer respecto a su sexualidad fuera del matrimo­nio; y aunque la viuda carece de virginidad, la castidad, mientras no cuente con su marido legal, es el bien protegido por el Estado.

El Código Penal ofrece la posibilidad de eximir la culpa del violador, si éste decide casarse y llegar a un acuerdo con la víctima. El sentido de propiedad está presente a través del uso sexual. Si el hombre usó sexualmente a una mujer, la convierte en un objeto de su posesión, la que luego de la humillación, perderá posibilidades de mejor cotización. Es así que el matrimonio con aquel que le dio uso, resulta ser una solución al agravio.

El art. 205 establece que cuando la violación no implica muerte o lesiones graves sólo se debe formar causa por denuncia de la víctima. De esta manera, resta posibilidades de ejercer el derecho de accionar. Así, la violación sólo es considerada como delito perseguible de oficio, de mediar muerte o lesiones “graves”; caso contrario, el trámite no será el de un juicio ordinario por violación, sino el de los “procesos exceptuados” por la vía de querella. En la última parte del art. 205, el Código Penal, asegura la casi imposibilidad de la acción. Establece sanción por parte del Estado, si se acredita que la denuncia es falsa; sanción que se haría efectiva por medio de una acción por delito contra la administración de justicia. Esta dispo­sición resulta intimidatoria para la víctima, porque en caso de no probar la existencia del delito (cosa muy frecuente) podría resultar ella sancionada.

Así, la socialización prepara a las mujeres como seguras y únicas víc­timas de este delito y de una legislación especial que, como vimos, las convierte en participantes del hecho delictuoso y, por tanto, en victimarias de sus agresores.

El proceso de violación

El derecho penal se diferencia de otras especialidades porque tiene carácter punitivo, en tanto sanciona la existencia del delito. La sociedad es protegida del delito y del delincuente por el Estado, quien se encarga de perseguirlo y sancionarlo de oficio, por medio del ministerio público, que hace las veces de “Ombudsman” o defensor del pueblo. Eso en teoría, porque otra cosa es la realidad.

La violación, si bien sustantivamente resulta ser un atentado al pudor social, en el que la mujer es la mediadora y la única posible víctima (junto a los niños, como sujetos disminuidos), encierra una hipócrita defensa de los únicos sujetos activos: los hombres, quienes a su vez, tienen el acceso a la emisión de leyes, la administración de justicia y la defensa del statu quo de la sociedad; son los que conceptúan y ubican a la violación como un delito diferenciado de acuerdo a sus agravantes o atenuantes.

La defensa del “pudor social” aparece claramente cuando la víctima resulta un incapaz jurídico (un menor de edad o persona que carece de conciencia o incapaz de resistirse), en cuyo caso la violación es considerada como un delito perseguible de oficio, donde interviene el ministerio pú­blico, asumiendo la defensa del Estado, en tanto la sociedad se vio agra­viada por la comisión de un delito.

Un juicio “normal” por violación, resulta ser muy agresivo para la víctima, tal como está estructurado el proceso. La violación, ya de por sí, es una experiencia psíquicamente traumática para las mujeres; sus conse­cuencias sobre la actividad emocional son variadas y pueden verse agra­vadas por las circunstancias mismas de la agresión. Sumamos a ello el recorrido que debe hacer la mujer por cada instancia oficial necesaria con la denuncia, desde la comisaría, la policía de investigaciones, el médico legista, el ministerio público, el poder judicial, etc. Todas estas instancias constituyen una sucesión de violaciones, una detrás de la otra, unas más graves que las otras, por su agresividad, por su indiferencia, por su preca­riedad en la atención, etc. Pero aunque el juicio normal (ordinario o sumario) resulta muy agresivo para las mujeres violadas, es una garantía lejana para perseguir el delito y procesar al delincuente. Las estadísticas muestran que las sentencias condenatorias por delitos contra las buenas costumbres en los juicios ordinarios son mínimas: 6,02 por ciento del total de sentencias condenatorias.

La ley diferencia el tratamiento del delito al tratarse de mujeres ma­yores de edad, de quienes se puede presumir tienen conocimiento de la actividad sexual. Es en estos casos que el delito no es perseguido de oficio, perdiendo así la calidad de tal. Es decir, que la consideración como acto delictual existe sólo si la violación, acarrea muerte o lesiones sumamente graves, cuando se trata de una mujer mayor de edad.

La presunción del posible conocimiento de la existencia de las rela­ciones sexuales convierte a la víctima en posible participante del delito. Así, tratándose de una mujer mayor de edad que no ha resultado muerta o casi muerta por las lesiones, deberá tramitar su causa por medio del procedi­miento de querella.

A diferencia de cualquier tipo de proceso penal, donde la presencia del ministerio público garantiza la persecución del delito y del delincuente si éste es habido, puesto que el mismo se encargará de impulsar el proceso, poner a disposición del juez las pruebas y evidencias indispensables para la sentencia, así como su acusación, la querella es una forma de proceso que tiene el carácter de “exceptuado”, en el que no participa el ministerio público; por tanto, la ausencia del defensor del pueblo involucra necesaria­mente el impulso del proceso con la intervención de la parte interesada. La justificación jurídica a esta forma de procedimiento radica en la necesidad de brevedad y la necesidad de la ausencia de la persecución de oficio, con el que supuestamente aumentaría el daño o agravio, violando los secretos de familia, tal como lo afirman diversos doctrinarios del derecho. Jus­tificación con tan poco peso que se pierde en la realidad de la experiencia de muchos expedientes abandonados.

Con este procedimiento son tramitados, además de los casos de violación y honor sexual, las injurias, difamaciones, calumnias y algunos casos de abandono de familia, adquiriendo una connotación jerárquicamente inferior a los juicios perseguibles de oficio.

Desvalorizado el proceso de querella por la incidencia femenina, es considerado como un proceso propio de “líos de faldas” indigno de pres­tarle importancia. La querella es un proceso exceptuado, que no busca la determinación del delito, si no más bien la conciliación de las partes y/o la reparación de la víctima. Ya que no es perseguible de oficio, el delito no puede ser el principal objeto. Es el único proceso donde el delincuen­te, aun con suficientes evidencias, puede salvarse de ser juzgado, gracias a la posibilidad de conciliación, el matrimonio o la reparación mediante la dote.

La forma de tramitación corresponde al estilo de los procesos civiles, allí el impulso se realiza sólo por la parte interesada. Entonces, al violador puede quedarle la posibilidad del triunfo por cansancio de la víctima, es decir, por abandono del juicio. Las pruebas en este caso de proceso están basadas sustancialmente en la existencia de testigos de cargo y descargo, además de las pruebas periciales. Es entonces lógica la pregunta: ¿Cuándo una violación cuenta con testigos? Esta forma de procedimiento resulta ser, pues, un cuello de botella para las mujeres que deciden iniciar un juicio a sus violadores. Las posibilidades de triunfo son mínimas, la estructura­ción del proceso está pensada en términos masculinos y la mujer como sujeto principal o víctima de uno de los más brutales delitos, es un apén­dice del trámite.

Al violador le queda siempre la posibilidad de que el cansancio, y la acumulación de tensiones de la víctima sean una garantía más de su inmunidad, de allí que el porcentaje de los abandonos en estos procesos sea alto: 7,47 por ciento, sumados a los desistimientos, 2,24 por ciento, y las conciliaciones, que es el número más alto: 16,77 por ciento, dan un total de 26,48 por ciento, frente a los sentenciados, que configuran apenas el 10,25 por ciento.

Esta situación fue perfectamente graficada en la frase de un abogado: “es un tipo de juicio donde generalmente se gana por aburrimiento de la parte contraria”.

Y finalmente, al agresor aún le queda el ofrecimiento del matrimonio o la dote. La administración de justicia, dirigida básicamente por hombres, así como el trámite, llevado por secretarios varones, y la defensa, en un 95 por ciento asumida también por varones para ambas partes (agraviada e inculpado o querellante y querellado), imparten un sentido solidario mas­culino consciente o inconscientemente. Situación que se pudo evidenciar en la entrevista a un abogado que defendía a una menor víctima de violación: “[…] porque quien más pierde es la mujer; un proceso de esta naturaleza sólo consigue desacreditar a la mujer y el ‘arreglo’ es la mejor solución, por eso yo recomiendo o el matrimonio o un buen arreglo”.

En dicho caso, porque se trataba de una menor de edad (delito per­seguible de oficio) recomendaba a su clienta casarse con su agresor.

¿Una trampa sin salida?

Vimos que la mujer, dentro del sistema sociojurídico, tiene, por un lado, una ubicación activa, en tanto está presente en la exigencia de sus derechos violados y, por otro lado, su ubicación dentro de la juridicidad recoge los productos de la socialización diferenciada entre hombres y mujeres, que las condena no precisamente como ciudadanas con iguales derechos, sino como sujetos disminuidos, necesitados de sobreprotección. En el mejor de los casos, se legisla respecto a ellas como si se tratara de menores de edad.

El mundo jurídico resulta así para las mujeres, aparentemente, una trampa sin salida. Toda mujer es educada para ser receptora, pasiva y víctima. En esas condiciones, una violación es casi parte del destino que debe enfrentar por ser mujer. Intentar denunciar el hecho será enfrentarse a todo un sistema masculino, respaldado por la tradicionalidad de la educación, la tradicionalidad de defensa de la posición masculina, solidaridad masculina de los administradores de justicia con sus congéneres violadores, la tradicionalidad que defiende el statu quo y la ubicación de las mujeres dentro del hogar y no fuera de él por ningún motivo.

La ventaja psicológica de que gozan los hombres en estas situaciones es más importante que la ley misma, tanto en el momento del delito como en el momento del enfrentamiento judicial.

Ante está situación, ¿cómo enfrentar el problema? Hay quienes, preocupados y bienintencionados, recurren a advertencias de protección de las mujeres. Prefieren ver la violación como un problema de la mujer más que como un problema social, que es resultado de una distorsionada filosofía masculina de la agresión. Susan Brownmiller manifiesta: “Imponer a las mujeres cuidados especiales no es una solución. No puede haber soluciones privadas al problema de la violación […] Mientras que tal vez se disminuiría el riesgo de una víctima potencial (y hasta esto dudo por que he conocido monjas que han sido violadas dentro del convento), no sólo permanece constante el número de violadores sueltos, sino que el efecto extremo de la violación sobre la salud mental y emocional dela mujer se ha llegado a cumplir incluso sin el acto. Porque aceptar una carga especial de autoprotección es reforzar el concepto de que las mujeres deben vivir y moverse en el temor y no pueden esperar alcanzar nunca libertad personal, la independencia y la seguridad de los hombres”.

Hace algunos años se dictó en Perú la Ley Antiterrorista (D. Leg. 044 y aunque tuvo un fin eminentemente represivo para los sectores progresistas, debe tomarse en cuenta para este análisis. En dicha ley se tipificaba a los actos terroristas como “actos con el propósito de provocar, mantener un estado de alarma, terror y zozobra en la población”.

Aunque pareciera exagerado identificarla con la descripción que hace Brownmiller, podemos afirmar que no solamente los actos con un propósito claramente político son tales. Consideramos que todo acto es político, que lo privado es político. Lo que acontece con la sexualidad de las mujeres también es una situación política que responde a intereses sociopolíticos, y si la existencia de las posibles violaciones crea un estado de zozobra en la población, éstas deben ser consideradas como actos terroristas, de acuerdo a esta ley hecha por varones.

Un nuevo enfoque de la violación y del cumplimiento de la ley puede ser la mitad del camino. Dándoles a las mujeres el 50 por ciento de poder para hacer respetar la ley y mantener el orden, se habrá dado un paso importante hacia la eliminación del machismo.

La violación es un problema que afecta básicamente a las mujeres. Cualquier tratamiento que no incluya la defensa de sus reales intereses, expuestos desde una óptica femenina, mas no como la interpretación de nuestros intereses por parte de aquellos que son nuestros agresores, será en vano.

De esta manera, el tratamiento del problema debe estar en manos de las mujeres. Como se dijo, la violación acarrea una grave carga emocional y las primeras relaciones con el sistema jurídico son determinantes para restablecer una equilibrada salud mental.

La violación es un delito que pone en peligro a más de la mitad de la población (mujeres, niños y hasta algunos hombres) y sus consecuencias son un peligro para el equilibrio y seguridad emocional de la población. Por lo que su tratamiento deberá ser especializado, tanto psicológica como judicialmente. Un tribunal especial, llevado desde sus primeras instancias por mujeres capacitadas especialmente para las funciones a desempeñar, se hace necesario en estos casos.

Es igualmente indispensable el cambio de leyes, que consideren a la violación como un delito perseguible de oficio, sin discriminaciones por razón de edad, en el que no sea requisito la revisión histórica de la con­ducta de la víctima y donde las soluciones no sólo sean beneficiosas para el delincuente. Es decir, que no se contemple la posibilidad del matrimonio del delincuente con la víctima, ni el pago de una dote como única solución, o la conciliación. También deberá considerarse como un delito de violación la que se produzca dentro del matrimonio, por lo que se torna indispen­sable crear Casas de Acogida pare mujeres, sean éstas asumidas por el Estado u organismos privados, pero dirigidos por mujeres y para ellas. La presión de todas las mujeres y personas sensibles con el problema, será necesaria para la consecución de tales objetivos.

Sin embargo, el problema traspasa el sistema legal (el que finalmente sirve para proteger a los ofensores). Sabemos que la violación seguirá rea­lizándose aun cuando cambiemos las leyes, sin considerar que esto no sea importante. La ideología violatoria es alimentada por valores culturales, sociales y económicos que se perpetúan en todos los niveles de la socie­dad, y para repeler este asalto es necesario un ataque frontal, una lucha cotidiana de las mujeres y la población, para erradicar el machismo y, en general, cambiar el sistema capitalista patriarcal en el que vivimos, buscan­do formas de vida nuevas, más humanas, más cercanas a los valores que las mujeres hemos desarrollado, más cerca de la ternura que de la agresi­vidad, más cerca de la delicadeza que de la fuerza física, más cerca del amor y de la sensibilidad que del odio, más cerca de la paz que de la guerra.


[1] Abogada, socióloga y latinoamericanista nacida en Arequipa, Perú, en 1960, Norma Mogrovejo Aquise es conocida también por haber sido la primera doctoranda en imponer una tesis sobre la historia del movimiento lésbico en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998. De ahí el apodo de “lesbianóloga de América Latina” con que se la conoce. Activista del movimiento lésbico y del feminismo autónomo, ha publicado cuatro libros de ensayo sociológico sobre el movimiento lésbico latinoamericano y múltiples capítulos, artículos, ponencias sobre el sujeto mujer, la política de las mujeres y la disidencia sexual. Es asimismo una cuentista capaz de captar con particular agudeza las contradicciones, los prejuicios, penas y dolores de los sectores populares de Perú y México, país donde reside desde 1985.

[2] En Alberto Koschutzke (editor), Y hasta cuando esperaremos mandan-dirun-dirun-dan. Mujer y poder en América Latina. Propuestas para una Nueva Sociedad, n. 1, Editorial Nueva Sociedad, primera edición, Caracas, 1989.

[3] Susan Brownmiller: Contra nuestra voluntad.

 

[4] Amado Exaine Chávez: Diccionario Penal, p. 275.

Written by Ideas feministas de Nuestra América

agosto 1, 2011 a 10:03 pm

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